El presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, acusó este lunes al PSPV-PSOE de "judicializar" la política "para obtener el premio antes de ganárselo".

Así se manifestó Rus en una rueda de prensa después de que el PSPV-PSOE haya presentado una querella por los delitos de cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

En la rueda de prensa también han participado el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Gandía, Arturo Torró, quien denunció "irregularidades" en adjudicaciones del consistorio gandiense a la empresa Proinosa, vinculada con la operación "Pretoria".

El presidente provincial, que calificó la jornada de "día muy crítico para la política y sobre todo para los políticos", consideró que "en política no vale todo", ni "vale acusar constantemente para paralizar a empresas dignas, que están pasando un mal momento económico por culpa" del Gobierno central.

Rus aseguró que "en una situación crítica como la actual" hay que hablar de crear "puestos de trabajo, nóminas para pagar hipotecas y hacer que la Comunitat funcione", y no basarse en "echar basura al PP para crear cortinas de humo y que no se hable de la realidad del país".

Para el también presidente de la diputación de Valencia, el "ir en contra del president de la Generalitat, es ir en contra de los intereses de la Comunitat".

Por su parte, Torró denunció "presuntas irregularidades" en diversas adjudicaciones del consistorio gandiense a la inmobiliaria Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, está imputado en la operación "Pretoria".

Torró se preguntó si el PSPV de Gandía está implicado en la supuesta trama de corrupción de Santa Coloma, ya que, a su juicio, la construcción de 143 viviendas con una inversión de más de 10 millones de euros fue adjudicada por el consistorio socialista a Visoret Renta, empresa asociada a Proinosa.

Además, criticó que "la construcción de la piscina del Grao de Gandía, cuyo techo se derrumbó antes de que cumpliera un año, también fuese adjudicada a otra empresa relacionada con Proinosa".

El portavoz del PP en Gandía denunció que "dicha empresa pagó la cantidad de 162.021 euros en concepto de comisión por asesoría comercial a una persona muy vinculada al exlíder de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla".

"Parece ser que las comisiones son algo más que habitual con los dirigentes de este partido" aseveró, para añadir a continuación que "sólo hay que recordar quién pagó las obras de reforma de la casa Pla".

Por su parte, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, consideró que la querella presentada por el PSPV es el "último y desesperado intento" de los socialistas de "conseguir en el juzgado lo que no consiguen en las urnas" y acusó al PSPV de "dar un paso más" y "pasar la raya", pues "ha implicado a importantes empresas de la Comunitat".

Ante esta situación, Clemente advirtió de que esto "no va a quedar así" y no van a consentir que se lancen "falsedades e injurias" contra miembros del PPCV y que tales afirmaciones "queden impunes". "Esto marca un antes y un después", advirtió.

Clemente hizo estas declaraciones en una rueda de prensa, en la que también participó el presidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, Alfonso Rus; y el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Arturo Torró.

El secretario general del PPCV consideró la actuación del PSPV como "irresponsable" pues "tacha de corruptas a empresas honorables que crean miles de empleos" y afirmó que la querella "no plantea ninguna novedad". "La diferencia entre los dos partidos --dijo-- es que el PP cree en la presunción de inocencia, mientras que el PSPV cree en la presunción de culpabilidad".

Asimismo, indicó que en una de las empresas que se citan en la querella, en concreto, ´Enrique Ortiz e hijo contratista de obras S.A.´, trabajó Ángel Luna como asesor durante varios años y recordó que en otra de las empresas, Teconsa, el Gobierno central adjudicó inversiones por valor de 436 millones de euros. Por tanto, anunció que "instará a la Fiscalía a que investigue las posibles relaciones irregulares entre el Gobierno y Teconsa".

Además, indicó que la dirección nacional del PSPV ve la querella "precipitada" y se remitió a las palabras del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, en las que aseguró que presentar la querella "es un servicio a la sociedad valenciana que debemos hacer". A juicio de Clemente, "no es un servicio a la sociedad sino a la suciedad".

De igual modo, Clemente recordó que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, es el marido de la diputada socialista Juana Serna, por lo que confió en que éste se inhiba del caso.